• Colombia obliga a las plataformas a reportar nombre, dirección, identificación tributaria y cada movimiento financiero de usuarios colombianos.
  • El incumplimiento puede generar multas de hasta el 1% del valor de las transacciones no reportadas a la autoridad fiscal.
  • Colombia procesó 44.200 millones de dólares en criptomonedas entre julio 2024 y junio 2025.

El 24 de diciembre de 2025, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) publicó una normativa que cambia radicalmente cómo se fiscalizan los activos digitales en el país: exchanges, empresas de billeteras y cualquier intermediario que maneje Bitcoin, Ether, stablecoins u otras criptomonedas deberán entregar información detallada de sus clientes colombianos, sin importar si la empresa opera o no en territorio nacional.

Según reportó CriptoNoticias, aunque la Resolución 000240 entró en vigor inmediatamente tras su publicación, las empresas tendrán su primera prueba real en mayo de 2027, cuando tengan que presentar el reporte completo de todas las operaciones realizadas durante el año fiscal 2026.

Por otra parte, The Block señaló que esta iniciativa busca alinear a Colombia con el Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) de la OCDE, un marco internacional diseñado para rastrear criptoactivos y prevenir la evasión tributaria.

Todo debe ser reportado: Desde datos personales hasta cada transferencia

La autoridad fiscal colombiana no está pidiendo información superficial. Las plataformas cripto deberán entregar un perfil completo de cada usuario: nombre, dirección física, país de residencia, número de identificación tributaria, y hasta fecha y lugar de nacimiento. Pero ahí no termina la lista.

Cada movimiento financiero también quedará registrado ante la DIAN. Las empresas tendrán que reportar quién es el dueño de cada cuenta, cuánto volumen de transacciones maneja, cuántas unidades de cada criptomoneda transfirió, el valor de mercado en el momento exacto de cada operación y los saldos netos que mantiene. Toda esta información debe presentarse en formato electrónico antes del último día hábil de mayo del año siguiente, y las plataformas están obligadas a guardar estos registros por un mínimo de cinco años.

¿Qué pasa si una plataforma no cumple? La resolución es clara: retrasos en la entrega, errores en los datos, información incompleta o directamente no presentar el reporte puede resultar en multas de hasta el 1% del valor de las transacciones que no fueron reportadas. Para una industria que mueve miles de millones de dólares, es una sanción que ninguna empresa puede ignorar.

Colombia supervisará de cerca el mercado cripto de $44.000 millones

Colombia no está implementando estos controles en un mercado pequeño. Entre julio de 2024 y junio de 2025, el país registró 44.200 millones de dólares en transacciones de criptoactivos, según un informe de Chainalysis publicado en octubre de 2025. Esa cifra convierte a Colombia en el quinto mercado más grande de América Latina por volumen total de operaciones cripto, y en el segundo de mayor crecimiento en la región, superado solo por Brasil, en cuanto a valor recibido durante ese mismo período.

Hasta ahora, los colombianos que operaban con criptomonedas tenían que declarar sus tenencias y ganancias en su declaración de renta personal, pero el sistema funcionaba bajo un esquema de autorregulación: la DIAN confiaba en que cada contribuyente reportara honestamente. Con la nueva normativa, eso cambia por completo. Ahora la autoridad fiscal podrá cruzar lo que declara cada persona con lo que reportan las plataformas donde operan, cerrando vacíos que antes hacían difícil rastrear la riqueza en activos digitales.

Esta medida no es exclusiva de Colombia. Forma parte de una tendencia global donde los gobiernos buscan integrar las criptomonedas a sus sistemas tributarios tradicionales, especialmente a medida que la adopción cripto aumenta y los volúmenes de transacción alcanzan cifras que ya no pueden pasar desapercibidas.

Por lo tanto, para las plataformas cripto, el mensaje es claro: operar en Colombia ahora significa cumplir con estándares de transparencia fiscal comparables a los de instituciones financieras tradicionales.

 


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