• Brasil lidera el mercado cripto de América Latina con $318.800 millones recibidos en 2025, un alza del 250% respecto al año anterior.
  • Más de 850 empresas del sector rechazan la propuesta de aplicar el IOF a transacciones con stablecoins, calificándola de ilegal.
  • La propuesta de estándares regulatorios regionales busca frenar el financiamiento criminal sin comprometer el crecimiento del ecosistema digital.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, instó a los líderes de América Latina y el Caribe a avanzar en la regulación de las criptomonedas como parte de una estrategia integral para combatir el crimen organizado y el lavado de dinero en la región.

El llamado se produjo durante la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en Bogotá, Colombia, el 21 de marzo de 2026. Debido a cuestiones de agenda, el discurso fue leído por el canciller brasileño Mauro Vieira, según reportó el portal oficial del Planalto.

En su intervención, Lula fue directo al plantear la necesidad de abordar el uso de activos digitales en el contexto del combate a organizaciones criminales transnacionales.

“Es fundamental contener el fraude, el flujo de armas que vienen de países ricos, combatir el lavado de dinero realizado en paraísos fiscales y regular el uso de criptomonedas. Acciones puntuales generan resultados momentáneos. Solo el fortalecimiento de nuestras instituciones garantiza soluciones duraderas”, declaró el presidente brasileño.

Su postura refleja la creciente preocupación de Brasil por establecer marcos regulatorios sólidos que permitan supervisar las transacciones digitales sin frenar la innovación tecnológica.

La regulación cripto en el contexto del crecimiento latinoamericano

El llamado de Lula a regular las criptomonedas llega en un momento de expansión acelerada del mercado de activos digitales en América Latina. El volumen de transacciones cripto en la región alcanzó los $730.000 millones en 2025, un incremento del 60% interanual, lo que representa aproximadamente el 10% de la actividad cripto global. Brasil lidera este crecimiento con $318.800 millones en valor cripto recibido, lo que representa un aumento aproximado del 250% respecto al año anterior, según reportó CoinDesk.

Ese crecimiento exponencial ha puesto presión sobre los gobiernos de la región para desarrollar marcos regulatorios que equilibren la protección al consumidor con el fomento de la innovación. Brasil, en particular, ha estado en el centro del debate regulatorio tras la aprobación de la Ley de Activos Virtuales (Ley N° 14.478) en 2022, que estableció las primeras reglas para el trading de criptomonedas en el país. Sin embargo, el gobierno de Lula ha intensificado los esfuerzos por extender la supervisión a las stablecoins, generando tensiones con la industria local.

Por otra parte, Lula enfatizó que las regiones fragmentadas fomentan el crimen organizado, por lo que la colaboración internacional se convierte en el escudo más efectivo contra estas organizaciones. Además, mencionó el Proyecto de Ley Antifacción de Brasil como un modelo que podría inspirar medidas similares en otros países de la CELAC para cortar el financiamiento de grupos criminales que utilizan criptomonedas para mover fondos ilícitos.

Tensiones internas y el futuro de la regulación de criptomonedas en Brasil

A pesar del llamado de Lula por una regulación regional, Brasil enfrenta resistencia interna a algunas de sus iniciativas regulatorias. Recientemente, un grupo de asociaciones que representan a más de 850 empresas del sector cripto y fintech (como ABcripto, ABFintechs, Abracam, ABToken, entre otras) emitió un comunicado conjunto rechazando la propuesta gubernamental de extender el Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF) a las transacciones con stablecoins, según reportó CoinDesk.

La industria argumenta que dicha extensión sería ilegal, ya que la Ley de Activos Virtuales establece explícitamente que los activos virtuales no son considerados moneda fiat nacional o extranjera. Además, sostienen que imponer nuevas cargas tributarias dañaría la innovación y frenaría el crecimiento del sector de activos digitales brasileño, que actualmente mueve entre $6.000 y $8.000 millones mensuales y cuenta con aproximadamente 25 millones de usuarios.

Esta tensión entre el gobierno y la industria refleja los desafíos que enfrentan los reguladores al intentar establecer controles sin sofocar un ecosistema en rápida evolución. Mientras el país supera sus propias complejidades regulatorias, la propuesta de establecer estándares regionales mínimos podría sentar las bases para una cooperación más estrecha entre las naciones latinoamericanas frente al creciente uso de activos digitales.

Como reportó Digital Asset Hub recientemtente, con el volumen de usuarios cripto en la región creciendo tres veces más rápido que en Estados Unidos, la presión por marcos regulatorios claros y coordinados probablemente continuará intensificándose en los próximos meses.

 


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